13 julio 2012
El pasado 4 de julio de 2012, el Juzgado Central de Instrucción nº 4 de la Audiencia Nacional dictó Auto incoando las Diligencias Previas nº 59/2012 y admitiendo a trámite la querella presentada por el partido “UNIÓN, PROGRESO Y DEMOCRACIA” (UPyD) contra las mercantiles BANKIA, S.A. y BANCO FINANCIERO Y DE AHORROS S.A.(BFA), así como contra los consejeros de ambas entidades, por la presunta comisión de los siguientes delitos: estafa, apropiación indebida, falsificación de cuentas anuales, administración fraudulenta o desleal, y maquinación para alterar el precio de las cosas.
En la querella presentada se entiende que los delitos mencionados habrían sido cometidos durante el proceso de formación de Bankia y su posterior salida a Bolsa. Como es sabido, en los últimos meses la cotización de las acciones de Bankia se ha desplomado, resultando necesaria la nacionalización y rescate de la entidad, tras el cese de su Presidente y del Consejo de Administración al completo.
Por un lado, la querella hace referencia al Folleto de Oferta Pública de Suscripción de acciones, en el que se facilitaba información de los estados financieros intermedios del grupo a 31 de marzo de 2011, complementados con una información adicional pro forma basada en hipótesis y proyecciones. La emisión fue autorizada por la CNMV, y Bankia salió a bolsa el 20 de julio de 2011. Según la querella, la información facilitada a los inversores, describiendo a Bankia como un grupo altamente solvente y con excelentes perspectivas de futuro, podría constituir el engaño típico del delito de estafa.
Adicionalmente, en el primer semestre de 2012, el Consejo de Administración presentó unas cuentas anuales de 2011 que mostraban unos beneficios de 309 millones de euros. Dichas cuentas fueron revisadas por la firma auditora Deloitte, quien se negó a entregar un informe limpio de salvedades, al entender que las mismas no reflejaban la imagen fiel de la situación económico-financiera de la entidad. Tras el plante de los auditores, la renuncia del Presidente y la dimisión en pleno del Consejo de Administración de la entidad, el Consejo de Administración entrante procedió a reformular las cuentas de 2011, ahora sí, obteniendo el visto bueno de los auditores, presentando unos estados financieros que arrojaban pérdidas por importe de 2.979 millones de euros.
La inmensa diferencia entre la información contable presentada por el anterior equipo gestor y el actual hace pensar que podrían concurrir los elementos de un delito de falsificación de cuentas anuales del ejercicio 2011.
Paralelamente, según la querellante, los hechos podrían constituir otros delitos como la administración fraudulenta o desleal, y la maquinación para alterar el precio de las cosas.
Asimismo, con fecha 10 de julio de 2012, el Juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, ha admitido a trámite la querella presentada por el movimiento ciudadano 15-M y ha decidido acumularla a la presentada previamente por UPyD por una “identidad sustancial” entre los hechos imputados.
